Actualmente, el territorio colombiano atraviesa por una coyuntura poco usual en el aspecto institucional. El pasado 1 de mayo del presente año, el presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, movió a toda la sociedad con el anuncio de una consulta popular que, en principio, buscaba incentivar los mecanismos de participación ciudadana, fortalecer la democracia y canalizar la voz del pueblo.

Sin embargo, tras varios pronunciamientos desde la Presidencia y un intenso debate jurídico y político, se cuestionó la forma en que este instrumento fue planteado, sus fines, su presentación ante la opinión pública, su legitimidad constitucional y, sobre todo, el papel de los juristas frente a las tensiones institucionales que vive el país. Finalmente, el Gobierno optó por derogar el decreto que buscaba convocar la consulta, un hecho que, aunque relevante, no resuelve los interrogantes de fondo que se abrieron sobre el uso adecuado de los mecanismos constitucionales.

Este episodio se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre el rol que deben asumir los profesionales del Derecho en escenarios críticos, donde la defensa de la democracia y la institucionalidad exigen más que nunca una formación sólida, crítica y ética.

El jurista como centinela de la Constitución

El doctor de la Universidad Católica de Colombia, Óscar Ortiz, ex zar anticorrupción y uno de los líderes del movimiento de la Séptima Papeleta, que impulsó la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, advierte que Colombia enfrenta hoy “retos democráticos y jurídicos mayúsculos”. Para él, lo ocurrido con la consulta popular refleja un intento de fractura institucional.

Ortiz precisa la necesidad de una ciudadanía activa, especialmente de servidores públicos y juristas que actúen como guardianes del orden constitucional, capaces de ejercer control democrático con herramientas jurídicas:

“Nunca habíamos tenido una preocupación de las magnitudes e intensidades que en este contexto se generan. La ciudadanía, en general, y los servidores públicos, en particular, debemos comportarnos como centinelas de la Constitución y ejercer los derechos políticos fundamentales a elegir y ser elegido, a participar, y a controlar el poder político.” Señala el doctor Ortiz.

En esta misma línea narrativa, recuerda que la Constitución colombiana no fue impuesta, sino conquistada: “A la ciudadanía colombiana su Constitución no se la impusieron ni se la regalaron; la conquistaron a punta de acción ciudadana.”

Consulta popular: lo que establece el marco jurídico

El marco constitucional de la consulta popular está consagrado en el artículo 104, que exige para su convocatoria un concepto previo de favorabilidad por parte del Senado. Además, las leyes estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015, junto a múltiples sentencias de la Corte Constitucional, establecen las condiciones legales para su correcta implementación.

Según Ortiz, el decreto presidencial del 11 de junio, hoy ya derogado, “vulneraba la Constitución”, al exceder las competencias del poder Ejecutivo y atropellar derechos políticos fundamentales.

Como se ha visto en los últimos meses el desafío actual no es solo jurídico, sino también formativo. Por tal motivo y en escenarios como estos surge una pregunta: ¿estamos preparando abogados capaces de interpretar estos momentos con liderazgo y vocación democrática?

Una formación jurídica con visión pública y constitucional

En medio de esta coyuntura, la Universidad Católica de Colombia refuerza su compromiso con la formación de profesionales del Derecho capaces de comprender, defender y aplicar el marco constitucional con responsabilidad y criterio.

Por tal motivo, su Especialización en Derecho Constitucional y Administrativo brinda a los abogados las herramientas necesarias para analizar y responder ante este tipo de situaciones a través del estudio profundo de los principios constitucionales, los mecanismos de participación, el control político y judicial del poder, así como la organización del Estado. El programa ofrece una visión integral que enlazan la teoría constitucional con la práctica administrativa para así formar juristas con vocación pública y democrática.

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