La inteligencia artificial ya está tomando decisiones que impactan la vida de los ciudadanos. Desde aplicaciones estatales hasta sistemas automatizados utilizados por entidades públicas, surge una pregunta cada vez más relevante: ¿cómo decide el Estado cuando utiliza inteligencia artificial y qué derecho tienen los ciudadanos a conocer cómo funcionan esos algoritmos?
En Colombia, este debate ya tiene un precedente constitucional. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-067 de 2025, reconoció la importancia de la transparencia algorítmica como parte del derecho fundamental de acceso a la información pública. El caso se originó cuando un ciudadano solicitó conocer el código fuente de CoronApp y el Estado negó su entrega. La Corte concluyó que esa negativa vulneraba el derecho de acceso a la información y ordenó suministrar el código solicitado.
Para Manuel Enrique Bautista Avellaneda, Director Académico de Posgrados de derecho, “la inteligencia artificial utilizada por el Estado no puede convertirse en una caja negra inaccesible para los ciudadanos, especialmente cuando sus decisiones pueden afectar derechos fundamentales”.
La decisión marcó un precedente en temas de derecho constitucional, gobierno digital, inteligencia artificial y protección de datos, al establecer que los sistemas automatizados utilizados por entidades públicas deben regirse bajo el principio de máxima divulgación. Esto significa que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo funcionan las herramientas tecnológicas que pueden influir en decisiones estatales.
Como respuesta a este pronunciamiento, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo emitieron la Directiva Conjunta 007 de 2025, documento que fija estándares mínimos de transparencia algorítmica para entidades públicas, organizaciones privadas que ejercen función pública o administran recursos del Estado.
“Hoy el debate jurídico no solo está en cómo avanza la tecnología, sino en cómo garantizar que el uso de algoritmos respete principios constitucionales como la transparencia, el debido proceso y el acceso a la información pública”, explica Manuel Enrique Bautista Avellaneda.
La directiva establece que las entidades deberán publicar información clara y accesible sobre el diseño, funcionamiento, propósito y efectos de los sistemas algorítmicos que utilizan. Además, fortalece la denominada “transparencia pasiva”, garantizando que cualquier ciudadano pueda solicitar información y cuestionar decisiones automatizadas tomadas mediante inteligencia artificial.
“Las entidades públicas deben comprender que la transparencia algorítmica ya no es una recomendación técnica, sino una obligación constitucional que fortalece la confianza ciudadana”, agrega Manuel Enrique Bautista Avellaneda.
Hoy, más que nunca, el derecho constitucional y administrativo enfrenta nuevos desafíos relacionados con la transformación digital del Estado, la regulación de tecnologías emergentes y la garantía de derechos fundamentales en entornos digitales.
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