La tesis doctoral de la egresada Marcia Karina Carrascal Haddad propone reconocer la trata de personas como un delito de lesa humanidad y aporta herramientas para comprender los riesgos que hoy existen en los entornos digitales.

Cada 30 de julio, el mundo conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, una de las violaciones más graves a los derechos humanos. Sin embargo, más allá de las cifras y las campañas de sensibilización, la investigación académica se consolida como una herramienta fundamental para comprender este fenómeno y proponer respuestas jurídicas que fortalezcan la protección de las víctimas.

En ese propósito, el Doctorado en Derecho de la Universidad Católica de Colombia impulsa investigaciones orientadas al análisis de los principales desafíos sociojurídicos del país, promoviendo la generación de conocimiento que contribuya a la formulación de soluciones con impacto en la sociedad.

Uno de estos aportes es la investigación desarrollada por Marcia Karina Carrascal Haddad, egresada del Doctorado en Derecho, quien dedicó su tesis doctoral al estudio de este delito desde una perspectiva de derechos humanos.

Su investigación, titulada “La trata de personas en Colombia desde los Derechos Humanos: Propuesta para su reconocimiento como Delito de Lesa Humanidad”, analiza las falencias existentes para enfrentar este fenómeno y plantea la necesidad de fortalecer el marco jurídico colombiano para brindar una mayor protección a las víctimas.

“La trata de personas constituye un fenómeno jurídico y social de especial relevancia para la investigación doctoral en Derecho, al demandar un análisis integral que articule los derechos humanos, el derecho penal, las políticas públicas y la eficacia institucional. Su complejidad y gravedad requieren una mirada interdisciplinaria que permita comprender no solo las dinámicas del delito y las diferentes formas de explotación, sino también las causas estructurales que favorecen su existencia y las dificultades que enfrentan las víctimas para acceder a mecanismos efectivos de protección, atención y justicia“, afirma la doctora Marcia Karina Carrascal Haddad.

La investigadora destaca que el Doctorado en Derecho le permitió desarrollar una investigación con rigor científico y enfoque interdisciplinario para abordar una problemática que hoy adquiere nuevas dimensiones debido al uso de las tecnologías digitales.

“Desde el Doctorado en Derecho de la Universidad Católica de Colombia, el estudio de esta problemática ofrece la oportunidad de generar conocimiento jurídico y académico que contribuya al fortalecimiento de las estrategias de prevención, la protección integral y la reparación de las víctimas, así como a la consolidación de respuestas estatales más eficaces y articuladas. En este contexto, resulta fundamental vincular el papel de los medios de comunicación como actores estratégicos en la sensibilización social, la visibilización de esta grave vulneración de derechos y la prevención del delito, promoviendo una cultura de respeto por la dignidad humana, los derechos humanos y el acceso efectivo a la justicia. De esta manera, la investigación busca aportar a la construcción de una sociedad más consciente, solidaria y comprometida con la prevención y erradicación de la trata de personas“, señala.

La investigación académica frente a un delito que evoluciona

De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para febrero de 2026 se habían identificado más de 125.000 víctimas de trata de personas en el mundo, de las cuales cerca de 30.000 eran menores de edad, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y respuesta frente a este delito.

Uno de los principales desafíos actuales es el uso de plataformas digitales para captar víctimas mediante falsas ofertas laborales, becas, oportunidades de modelaje, relaciones sentimentales o propuestas de viaje aparentemente legítimas.

Según explica la doctora Marcia Karina Carrascal Haddad, “estas herramientas permiten a los antisociales identificar personas en situación de vulnerabilidad, generar confianza mediante una interacción constante y facilitar el proceso de captación mediante engaño, una de las formas típicas de comisión del delito reconocidas por el Protocolo de Palermo y la legislación colombiana“.

Cómo identificar los riesgos en los entornos digitales

Entre las principales señales de alerta se encuentran las ofertas con remuneraciones desproporcionadas, requisitos mínimos, solicitudes para viajar de manera inmediata, ausencia de contratos formales, petición de documentos personales o la presión para mantener la oferta en reserva y alejarse del entorno familiar.

“Resulta fundamental verificar la identidad de quienes realizan la oferta, confirmar la existencia de las empresas o instituciones, desconfiar de propuestas excesivamente atractivas, no entregar documentos personales ni información financiera a desconocidos, informar a familiares sobre cualquier desplazamiento y utilizar únicamente canales oficiales para procesos laborales o académicos“, recomienda la investigadora.

Asimismo, advierte que, ante cualquier sospecha, es importante interrumpir el contacto, conservar las evidencias digitales, informar a personas de confianza y acudir a las autoridades competentes.

Investigar para transformar la sociedad

Para la Dra. Fernanda Navas, directora del Doctorado en Derecho de la Universidad Católica de Colombia, este tipo de investigaciones reflejan el compromiso del programa con el análisis de las problemáticas que afectan a la sociedad y con la formación de investigadores capaces de aportar soluciones sustentadas en evidencia.

“La investigación académica, la que se realiza dentro del Doctorado en Derecho, busca presentar las distintas posturas que hay sobre una misma realidad social y el cómo han de ser enfrentadas por parte de los distintos miembros de una sociedad. Esta diversidad de formas de afrontar las realidades suele presentar tensiones que se traducen en problemas a ser resueltos. El aporte que se hace desde el programa es el de brindar las herramientas necesarias para que los individuos interesados en brindar soluciones a los problemas sociojurídicos que se presentan en nuestra cotidianidad desarrollen las capacidades de un investigador científico, quienes, a través de argumentos y evidencias, proponen soluciones.”

La denuncia también salva vidas

En Colombia, la Ley 985 de 2005 establece mecanismos para investigar y sancionar la trata de personas, además de garantizar atención jurídica, psicológica y social para las víctimas.

“Denunciar no solo activa la respuesta del Estado: puede significar la diferencia entre que una persona continúe siendo explotada o recupere su libertad y su dignidad”, concluye la doctora Marcia Karina Carrascal Haddad.

Desde la Universidad Católica de Colombia, investigaciones como esta evidencian cómo la formación doctoral trasciende las aulas para generar conocimiento que aporta al debate jurídico, fortalece las políticas públicas y contribuye a la construcción de una sociedad más consciente y comprometida con la defensa de la dignidad humana y los derechos humanos.