Sus datos financieros son suyos. Sin embargo, con el avance de las plataformas digitales, las fintech y los ecosistemas bancarios conectados, surge una pregunta clave para ciudadanos y empresas: ¿quién puede acceder a su información financiera y bajo qué condiciones?
Con la expedición del Decreto 0368 del 7 de abril de 2026, Colombia dio un paso decisivo hacia la implementación obligatoria del modelo de finanzas abiertas (Open Finance), un esquema que busca transformar la relación entre consumidores, entidades financieras y tratamiento de datos personales.
La norma, expedida por el Ejecutivo, establece el marco normativo integral para el acceso, uso y aprovechamiento de datos financieros, siempre bajo el consentimiento previo, expreso e informado de los titulares de la información.
Para Manuel Enrique Bautista Avellaneda, “las finanzas abiertas representan uno de los mayores retos jurídicos y regulatorios de los próximos años, porque obligan a equilibrar innovación financiera, protección de datos y derechos fundamentales”.
¿Qué son las finanzas abiertas en Colombia?
El sistema de finanzas abiertas permite que entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera compartan información financiera de los usuarios con otras plataformas o participantes autorizados, siempre que exista autorización expresa del titular.
Esto significa que bancos, fintechs y otras entidades podrán interoperar información financiera para ofrecer productos más personalizados, mejorar el acceso al crédito y fortalecer la competencia en el sistema financiero colombiano.
Sin embargo, el Decreto 0368 de 2026 también refuerza un aspecto esencial: el ciudadano mantiene el control sobre sus datos personales y financieros.
“Hoy el verdadero activo estratégico no solo es el dinero, sino la información financiera de las personas. Por eso el consentimiento informado y el habeas data adquieren una relevancia constitucional y económica enorme”, explica Manuel Enrique Bautista Avellaneda.
El habeas data toma mayor relevancia
Uno de los principales aportes del decreto es que materializa el derecho constitucional al habeas data, entendido como la facultad que tiene toda persona para conocer, actualizar, rectificar y controlar la información que se recopila sobre ella en bases de datos públicas y privadas.
La normativa obliga a las entidades vigiladas a garantizar derechos como:
- Conocer cómo se utilizan sus datos.
- Revocar autorizaciones previamente otorgadas.
- Modificar permisos de tratamiento de información.
- Negarse al uso de sus datos para determinados fines.
- Solicitar información clara sobre el tratamiento realizado.
Además, el decreto establece que tanto la Superintendencia Financiera de Colombia como la Superintendencia de Industria y Comercio podrán ejercer funciones de inspección, vigilancia y control sobre el manejo de datos personales dentro del ecosistema de finanzas abiertas.
¿Qué implicaciones tiene para consumidores y empresas?
El nuevo esquema genera importantes desafíos jurídicos para entidades financieras, fintechs y organizaciones que administren información sensible de los usuarios.
“Las empresas deberán fortalecer sus políticas de cumplimiento, tratamiento de datos y gestión de riesgos, porque un uso indebido de la información financiera puede generar sanciones legales, afectaciones reputacionales y vulneraciones a derechos fundamentales”, señala Manuel Enrique Bautista Avellaneda.
Asimismo, el consumidor financiero deberá comprender que cada autorización de uso de datos implica fines específicos que deben ser informados previamente por las entidades.
Si la información es utilizada para objetivos distintos a los autorizados, el ciudadano podrá acudir ante las autoridades de supervisión para reclamar la protección de sus derechos.
Un debate jurídico que transforma el derecho financiero y tributario
Las finanzas abiertas, la protección de datos personales, la regulación financiera y el cumplimiento normativo son algunos de los temas que hoy transforman el panorama jurídico nacional e internacional.
Estos son algunos de los debates y problemáticas que pueden profundizarse en la Especialización en Derecho Tributario y Aduanero de la Universidad Católica de Colombia, un programa orientado al análisis de los retos actuales relacionados con regulación financiera, tributación, comercio, cumplimiento normativo, protección de datos y transformación digital de las organizaciones.
La especialización permite fortalecer competencias para interpretar y aplicar normas tributarias, financieras y aduaneras en escenarios dinámicos, comprendiendo cómo las nuevas tecnologías están impactando el derecho y las relaciones económicas.
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